Las cosas tienen muy fácil solución. La verdad es que los políticos están donde están, no para solucionar las cosas, están ahí para que las cosas no cambien, y si cambian, que sean para el bien de los ricos. Son una contención razonable, de comercial engaña bobos, entre la policía, el chantaje y el impuesto revolucionario.
España es deficitaria en algo tan básico como la energía o el agua.
Curiosamente se han invertido billones de las antiguas pesetas en Trenes de Alta Velocidad, en Televisiones públicas, en autopistas de pago, en aeropuertos. Todas estas infraestructuras son muy importantes, no cabe duda, pero son un negocio, y especialmente, son un negocio no vital, incluso, como las televisiones públicas, nada vital.
¿Qué es vital? Vital es que una ciudad, un hotel, una urbanización, una comunidad de regantes, los olivareros, tengan suministro de agua o de electricidad.
Si se hubiese invertido la mitad, sólo la mitad, de ese dinero público en instalaciones eólicas, solares, viviendas ecológicas, desalinizadoras, potabilizadoras de agua, y se hubiese atajado la especulación urbanística de forma que las arcas del Estado se nutrieran de una bien llevada y sostenible planificación inmobiliaria, estaríamos a la altura de Suecia.
Todo es una rueda. Si no hay agua, los olivos se secan, si no hay aceitunas, el precio del aceite se pone por los cielos, si todo sube de precio, somos poco atractivos turísticamente, y si las ciudades costeras no tienen agua, o un mal suministro de electricidad, muere el turismo, la agricultura y las inversiones.
¿Solución? La solución está dicha: invertir dinero público en crear riqueza, no en recaudar dinero de las nóminas.
¿La solución de los políticos? Regalar dinero público cuando el problema sea acuciante, con la excusa de la prioridad absoluta, a empresas de los amigos, que harán auténticos parches, sacarán inmejorables dividendos y nos eternizarán el problema, porque los problemas son dinero, mucho dinero.
Muy someramente, para esto es para lo que valen los políticos.
La solución es muy sencilla: dedicar el dinero público a garantizar aquello que proclama la Constitución: vivienda, sustento, recursos naturales, agricultura, formas tradicionales de vida, trabajo digno y bien remunerado...
Nada de esto se cumple.
Ahora, un año después de la famosa regularización de ilegales, resulta que hay en España 1.200.000 trabajadores ilegales.
¿Qué hace la inspección de Trabajo? ¿Qué hacen los sindicatos? ¿Qué hacen las administraciones públicas con las subcontratas?
¿Alguien que no sea subnormal puede creerse que el entramado administrativo valga para algo? ¿Se puede entender que 1.200.000 personas puedan estar trabajando de forma ilegal, con dinero negro, en puestos de trabajo sin ninguna garantía y sin ningún derecho legal?
Sí, se entiende porque para eso están los políticos, para que los ricos sean cada día más ricos y los pobres cada día más pobres.
Como guinda, para paliar los efectos de esta explotación humana, nuestros queridos políticos dedicarán los recursos públicos disponibles en ayudas familiares, escolares o sanitarias para estas personas ilegales que con su esfuerzo y sus nulos derechos, consentidos por la administración, hacen a los ricos más ricos y compiten laboralmente con los más pobres.
Todo es una tomadura de pelo, pero una tomadura de pelo en la que se utiliza la palabra ilegal como sustituto de esclavitud, y la palabra "gasto social" como limosna no dada por los ricos, para qué, limosna sacada de las nóminas de los trabajadores que han de competir laboralmente con estos esclavos a los que subvencionan para paliar las pésimas condiciones sociales en las que han de sobrevivir.
El círculo es perfecto.